Redacción Minuta Legislativa
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dio un nuevo paso en el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda al aprobar el inicio de la etapa de investigación y diligencias, en la que se requerirá información a 69 dependencias estatales y federales, además de contratos relacionados con 12 empresas presuntamente vinculadas al mandatario.
La decisión fue avalada por la mayoría de los integrantes de la comisión, con el voto en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención del Partido Verde Ecologista de México.
Las autoridades y dependencias señaladas tendrán seis días hábiles para entregar copias certificadas de los contratos que forman parte de las indagatorias por presunta triangulación de recursos públicos.
Asimismo, la comisión solicitó al Instituto de Defensoría Pública estatal la designación de un abogado de oficio para el gobernador, quien previamente presentó un escrito de defensa de casi 250 páginas y pidió ser excluido del procedimiento.
El juicio político fue promovido por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, por presuntos actos de peculado, corrupción y desvío de recursos.
De mantenerse el calendario previsto, el caso podría llegar al Pleno del Congreso en agosto, donde se requerirán al menos 28 votos para determinar su procedencia y, posteriormente, dar vista al Tribunal Superior de Justicia del estado.