Francisco Javier Castellón Fonseca
El fin de semana pasado se realizó la asamblea constitutiva del partido SOMOSMX, conformado por activistas procedentes de otras fuerzas políticas y muchos ciudadanos que no habían militado nunca en un partido.
Las figuras que dirigen la organización, Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto, han estado involucradas en los últimos treinta años en proyectos políticos de centro-izquierda. Durante los últimos siete años del régimen de la 4T, ambos han luchado contra la imposición de un sistema autoritario y de un régimen de partido único, similar al que predominó en el siglo XX mexicano.
Asistí en calidad de invitado y me encontré gratamente con Carlos Navarrete y Arturo Herviz, antiguos compañeros de la LX Legislatura en el Senado; así como a Miguel Alonso Raya, al profe Benjamín Juárez y a antiguos combatientes por la democracia como Marcos Rascón, a quien conocí en las reuniones de la revista Punto Crítico a principios de los años ochenta, y a Edmundo Jacobo, con quien coincidí estudiando la maestría en la Facultad de Economía de la UNAM. Al igual que en ellos, en muchos de los integrantes del nuevo partido reside una larga tradición de lucha civil.
La asamblea se desarrolló bajo la estricta supervisión del INE para constatar que cumplía con todos los requisitos de la ley electoral. Una vez validada la asistencia, los acuerdos adquirieron un carácter vinculante y se procedió a la aprobación de los documentos básicos.
Uno de los momentos más significativos ocurrió durante la deliberación de los estatutos. El debate sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo evidenció la naturaleza ideológica del nuevo partido. Pese a la moción de la delegación de Yucatán para suprimir ese apartado, la mayoría lo ratificó de manera contundente.
Esto desarticula una parte de la crítica oficialista, que ya está siendo operada en los medios, pues ningún partido de derecha hubiera defendido el derecho que las mujeres han alcanzado de decidir libremente sobre su propio cuerpo.
Sin embargo, el sentimiento generalizado entre los asistentes —que comprenden un abanico extenso de figuras de la vida pública— fue la defensa del irrenunciable derecho a disentir, piedra angular de todo régimen democrático. La agenda de la defensa de las libertades individuales ya alcanzadas no está a discusión. Lo que se pone en el centro del debate es el dilema de fortalecer la vida democrática del país o someterse a un régimen autocrático.
Que sea para bien del país.