Redacción Minuta Legislativa
El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad una reforma constitucional que fortalece las sanciones contra quienes incumplan con el pago de la pensión alimentaria, estableciendo la obligación de reparar de manera integral el daño causado a las familias afectadas.
La iniciativa fue respaldada por las y los 35 legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo estatal. Con esta modificación, quienes no cumplan con esta obligación deberán pagar no solo el monto adeudado, sino también los gastos derivados de los procesos legales para exigir el cumplimiento, como préstamos, honorarios de abogados y otros costos relacionados.
Además, la reforma establece que la acción penal no podrá cancelarse si no existe una reparación total del daño, garantizando que las personas responsables enfrenten consecuencias legales completas por incumplir con esta responsabilidad.
El diputado Wilberth Monforte Marfil, quien impulsó la propuesta y preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, señaló que durante años muchas madres han tenido que enfrentar largos procesos judiciales y asumir gastos adicionales para exigir un derecho que debería cumplirse de manera inmediata.
El legislador subrayó que la reforma busca proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar que las madres cuenten con herramientas legales efectivas para hacer valer el derecho de sus hijos a recibir alimentos y apoyo económico.