Redacción Minuta Legislativa
Tras el escándalo del municipio de Tequila, donde se acreditó un esquema de gobierno extorsionador, la agrupación Industriales Jalisco alertó que al menos otros cinco ayuntamientos del estado replican prácticas de “extorsión institucional”. El dirigente empresarial Antonio Lancaster Jones aseguró que funcionarios condicionan licencias para fábricas o centros de distribución a cambio de depósitos bancarios o la donación de ambulancias.
Los casos ya fueron denunciados ante instancias estatales, aunque empresarios temen represalias. Por ello, el sector industrial acudió al Congreso local para exigir reformas que eleven los requisitos para ocupar cargos públicos y fortalezcan las facultades de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, pidiendo que pueda iniciar investigaciones de oficio.
Lancaster calificó la extorsión institucional como uno de los principales frenos al desarrollo económico, citando estudios que vinculan la corrupción con pérdidas de productividad. Los empresarios piden que el nuevo titular anticorrupción, Eduardo Cipriano Manzanilla, actúe sin necesidad de denuncia formal.
El presidente del Congreso, el diputado Julio Hurtado, ofreció abrir un Parlamento Abierto para analizar cambios legales que blinden a los municipios. Legisladores advierten que el caso Tequila no sería aislado, sino un síntoma de fallas estructurales en gobiernos locales.