Redacción Minuta Legislativa
A tres semanas de la movilización del 8 de marzo en Monterrey, el Congreso de Nuevo León exhortó a autoridades estatales y municipales a transparentar, sin comprometer su estrategia, las medidas generales del operativo de seguridad que se aplicará durante la jornada. El objetivo es brindar certeza a las participantes y prevenir incidentes.
La diputada priista Armida Serrato solicitó que las corporaciones definan públicamente la cadena de mando, criterios de proporcionalidad en el uso de la fuerza y acciones específicas de protección para niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres con discapacidad y otros grupos vulnerables. También pidió coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar el respeto a las manifestantes.
El acuerdo establece que la actuación policial debe privilegiar el diálogo, la mediación y la contención no violenta, evitando prácticas intimidatorias o detenciones arbitrarias. Además, se plantea que en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la marcha se entregue un informe detallado al Poder Legislativo sobre el desarrollo del operativo.
Por su parte, la diputada Greta Barra señaló que el exhorto debe extenderse a todos los municipios, ya que las movilizaciones también se realizan en colonias y espacios locales. La discusión abre el debate sobre cómo garantizar seguridad sin limitar el derecho a la protesta.