Redacción Minuta Legislativa
El Congreso de la Unión mantiene pendiente, desde hace cinco años, el cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó corregir deficiencias de la Ley General de Comunicación Social.
Aunque legisladores oficialistas sostienen que no existe desacato, sino una omisión legislativa, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que la falta de reglas claras permite mantener criterios discrecionales en la asignación de publicidad oficial.
La legislación vigente fue aprobada en 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue cuestionada por sus deficiencias en materia de transparencia, libertad de expresión y regulación del gasto público en medios de comunicación.
En 2021, la Primera Sala de la SCJN ordenó al Congreso modificar la ley tras un amparo promovido por Artículo 19. Sin embargo, la reforma continúa pendiente y legisladores prevén discutirla durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Especialistas señalan que la ausencia de criterios objetivos puede permitir que la publicidad oficial sea utilizada para premiar o castigar líneas editoriales, afectando la pluralidad informativa.
De acuerdo con Artículo 19, la concentración del gasto en determinados medios persiste, por lo que urgió a establecer reglas transparentes que garanticen una distribución objetiva y equitativa de los recursos públicos.