Redacción Minuta Legislativa
Tras recibir multas de una jueza federal por incumplir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad una reforma constitucional que despenaliza la interrupción del embarazo en la entidad.
La modificación elimina el principio que protegía la vida desde la fecundación, disposición que la SCJN había considerado inconstitucional. Con el cambio, el artículo primero de la Constitución local establece el reconocimiento y protección del derecho a la vida en el marco de los derechos humanos, sin criminalizar a quienes decidan interrumpir su embarazo.
La votación se realizó de manera acelerada y sin posicionamientos públicos de las y los legisladores. La decisión se dio luego de que cada integrante del Congreso, así como el director jurídico, enfrentaran multas de 26 mil 981 pesos por desacatar la sentencia judicial.
Yucatán se convirtió en el primer estado del país sancionado económicamente por no cumplir esta determinación de la Corte. El retraso en la aprobación se atribuyó principalmente a la postura del Partido Acción Nacional (PAN), que había expresado su rechazo a la reforma por motivos éticos.
Finalmente, todas las fuerzas políticas respaldaron el dictamen, marcando un cambio significativo en la legislación local y alineando la norma estatal con criterios de la Suprema Corte y tratados internacionales de derechos humanos.