Redacción Minuta Legislativa
Nuevo León enfrenta el inicio del mes del Orgullo 2026 con pendientes legislativos que organizaciones civiles y activistas califican como una deuda histórica en materia de derechos LGBT+. El estado no ha reformado su Código Civil ni emitido un decreto que garantice plenamente el reconocimiento de la identidad de género, a diferencia de 25 entidades del país que ya cuentan con algún tipo de protección legal.
Actualmente, el trámite de identidad de género opera en la entidad mediante una coordinación no formal entre el Registro Civil y el Poder Judicial, lo que depende de criterios administrativos y no de una ley específica, generando incertidumbre jurídica sobre su continuidad.
Además, Nuevo León no ha tipificado los crímenes de odio ni el transfeminicidio, figuras que ya existen en otras entidades del país y que buscan sancionar la violencia motivada por prejuicio. Diversas iniciativas ciudadanas y legislativas presentadas desde 2024 por colectivos como Casa Trans y Transneolonesas permanecen sin dictamen en el Congreso local.
Activistas advierten que algunas propuestas podrían caducar sin ser discutidas debido al reglamento legislativo, mientras señalan que la falta de mayoría de fuerzas progresistas y la distribución de comisiones han frenado su avance.
En este contexto, colectivos denuncian exclusión institucional y actos de discriminación, mientras mantienen exigencias de reconocimiento legal, justicia y garantías de no repetición en el acceso a espacios legislativos y derechos fundamentales.