Dr. Abel Ortiz Prado
La reciente decisión de la calificadora Moody´s de reducir la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 no debe interpretarse únicamente como un ajuste técnico dentro del lenguaje financiero internacional. En realidad, representa una señal de advertencia sobre el deterioro gradual en la percepción de estabilidad económica, fortaleza institucional y capacidad de crecimiento del país. Lo verdaderamente relevante es que la degradación soberana provocó un efecto inmediato sobre instituciones financieras mexicanas, ( -5 bancos comerciales, 2 bancos de desarrollo) instituciones públicas (Nafin, Bancomext, e IPAB) y hasta sobre la propia nacional, confirmando que cuando aumenta el riesgo percibido de un país, el impacto termina extendiéndose a prácticamente todo su sistema económico. Moody’s fue particularmente clara al señalar factores como menor flexibilidad fiscal, expectativas más débiles de crecimiento económico, incertidumbre jurídica, debilidad en el cumplimiento de contratos y persistencia de problemas estructurales como la informalidad.
La importancia de este ajuste radica además en que México conserva el grado de inversión únicamente en su último escalón Baa3. -al borde del precipicio-: Esto significa que cualquier deterioro adicional en el entorno económico o institucional podría incrementar considerablemente el costo financiero en el país. Brasil (2015), Sudáfrica (2020) y Colombia (2021) son ejemplo que al pisar el umbral del 60% de su deuda con relación al PIB –(nivel que México podría alcanzar en el 2026) les fue retirado el grado de inversión. Y aquí aparece un concepto fundamental pocas veces explicado al ciudadano común: el “riesgo país”. Cuando las calificadoras perciben mayor vulnerabilidad económica o institucional, los inversionistas internacionales exigen mayores rendimientos para prestar dinero o invertir en el país y el capital nacional prefiere invertir en el extranjero. En otras palabras, se encarece el financiamiento para el gobierno, para las empresas, para los bancos y eventualmente para las familias. La degradación de las principales instituciones financieras mexicanas observado tras el ajuste soberano, demuestra precisamente cómo la percepción internacional sobre México comienza a trasladarse hacia todo el aparato productivo y financiero nacional encendiendo las alarmas…!!!
El caso de la Comisión Federal de Electricidad “CFE” resulta especialmente ilustrativo. Moody’s reconoce que la empresa mantiene una posición estratégica y dominante en el sector eléctrico nacional; sin embargo, advierte riesgos asociados a la volatilidad de los precios del gas natural, la exposición cambiaria y un ambicioso programa de inversión cercano a los 30 mil millones de dólares hacia el 2030. Esto confirma que las calificadoras ya no observan solamente balances financieros, sino la capacidad estructural del país para generar crecimiento, certidumbre y confianza de largo plazo. Las reservas internacionales y la estabilidad cambiaria pueden ofrecer contención temporal, -como lo advertimos en posteo anterior- pero difícilmente sustituyen elementos esenciales como fortaleza institucional, seguridad jurídica y dinamismo económico sostenido. En el fondo, la advertencia de Moody’s parece ir mucho más allá de una simple nota crediticia: se trata de una llamada de atención sobre el costo creciente de la incertidumbre ejerciendo una fuerte presión a la SHCP para lograr la consolidación fiscal a través de un menor gasto, más ingresos y menor déficit, sin que esto frene el crecimiento económico. “Las calificadoras no solo evalúan balances financieros; evalúan la confianza estructural en un país y agregan un nuevo ingrediente: la gobernabilidad”.