Redacción Minuta Legislativa
El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal en materia de extorsión, con el objetivo de armonizar la legislación local con el marco federal y fortalecer el combate a estas conductas.
La propuesta, impulsada por Clara Brugada y entregada por el secretario César Cravioto, plantea eliminar disposiciones aprobadas en 2024 y mantener el delito de extorsión bajo criterios federales, que exigen un beneficio material.
Como innovación, se incorpora el delito de “hostigamiento coercitivo”, que sancionará amenazas o presiones que no se concreten en extorsión, pero que obliguen a una persona a actuar bajo intimidación. Este ilícito contempla penas de tres a siete años de prisión y multas económicas.
La iniciativa también prevé agravantes, como el uso de armas, la participación de menores o cuando las víctimas sean personas vulnerables. Asimismo, incluye castigos por el uso de contenido íntimo como medio de presión y sanciones más severas si participan servidores públicos.
El proyecto será analizado por el Congreso local, donde se discutirá su posible aprobación para reforzar la seguridad jurídica y la protección de la ciudadanía.