Redacción Minuta Legislativa
El Congreso local aprobó reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo que permitirán a los ayuntamientos firmar contratos de transporte público con empresas privadas por periodos de hasta 30 años, lo que podría comprometer a futuras administraciones municipales.
La modificación fue avalada por la mayoría legislativa, mientras que los diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra. El diputado José Luis Pech Várguez advirtió que la reforma podría abrir la puerta a negocios privados en el sistema de transporte, al tiempo que comprometería las finanzas municipales por décadas.
De acuerdo con el dictamen, la reforma busca implementar un Sistema Integrado de Transporte que permita mejorar la cobertura, eficiencia, seguridad y sustentabilidad del servicio en el estado, además de reducir desigualdades entre regiones.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora Mara Lezama y establece que el gobierno estatal tendrá un papel central en el diseño y operación del nuevo modelo de transporte, mediante convenios con los municipios.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday, aseguró que el nuevo esquema permitirá contar con un transporte más moderno e intermunicipal. Además, explicó que los operadores dejarán de recibir ingresos por pasajero y pasarán a cobrar por kilómetros recorridos, lo que buscará eliminar las competencias entre unidades por captar usuarios.
Analistas han señalado que esta reforma podría modificar significativamente la estructura del transporte público en la entidad.