Redacción Minuta Legislativa
Con una votación casi unánime de 448 votos, la Cámara de Diputados aprobó clasificar el acoso sexual y el hostigamiento laboral como faltas administrativas graves, lo que permitirá sanciones más severas contra servidores públicos que incurran en estas conductas. La reforma define como acoso cualquier comportamiento, expresión o insinuación de carácter sexual destinada a perjudicar a otra persona, mientras que el hostigamiento se configura cuando existe abuso de poder jerárquico con acciones reiteradas, ofensivas o degradantes hacia subordinados.
Durante la discusión, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, advirtió que aunque estas conductas son causa de despido, muchos agresores simplemente cambian de institución. Por ello, planteó la necesidad de crear un registro nacional que impida su recontratación en el servicio público.
La legisladora señaló que el 90% de las víctimas son mujeres en puestos de bajo rango, quienes suelen callar por miedo a represalias. Añadió que más de un tercio de las agresiones escala a contacto físico y que cientos de miles de personas han abandonado su empleo por estas prácticas. El objetivo, afirmó, es erradicarlas de manera definitiva en todo el país.