Francisco Javier Castellón Fonseca
A Luis Manuel Hernández Escobedo, preso político del régimen, en sus cinco años de injusta prisión
En enero de 1978, maestros de la Prepa 1, varios de ellos funcionarios del gobierno del coronel Flores Curiel, tomaron las instalaciones de rectoría y llamaron a formar un consejo universitario diferente al que había elegido al rector Hernández de la Torre, quien había sido electo un año antes y había emprendido un proyecto académico social que los medios oficiales habían acusado de “comunista”. Al mismo tiempo que la universidad se convulsionaba, el rector era amenazado por el procurador Sam López, que lo conminó a renunciar y abandonar el estado en 24 horas.
Todo ello trajo como consecuencia una violenta crisis institucional tal que terminó en el asesinato de tres trabajadores el 20 de febrero de 1979 y la protesta nacional contra la intervención del gobierno estatal y la violación flagrante a la autonomía universitaria para instaurar un control autoritario.
Estos hechos, que ocurrieron hace casi 50 años, se han repetido, a lo largo de los años, en diferentes lugares del país y con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Para los gobiernos de corte autoritario, las universidades siempre han sido espacios institucionales incómodos; por su naturaleza autónoma, por ser espacios donde las autoridades suelen tener opiniones diferentes a las del gobierno y por ser instituciones donde, por lo general, sus miembros tienen la libertad de ejercer críticamente todas las formas del pensamiento.
El régimen priista, siempre luchó contra la independencia de las universidades y usó todas las formas de violencia para poder controlarlas; desde utilizar al ejército para sofocar protestas y movilizaciones, hasta la organización de grupos de porros para intimidar y perseguir a la disidencia estudiantil o la amenaza, velada o directa, contras las autoridades para controlar las disidencias internas, las restricciones presupuestales y las feroces campañas de medios para acusar de corrupción y toda clase de delitos a los universitarios en general.
Una gran parte de la insurgencia civil y política de los grupos que hoy detentan el poder político en México se incubaron en las universidades públicas y ante lo que pudiera esperarse repiten las mismas prácticas de control y sometimiento de sus antepasados tricolores. A lo largo de los 7 años del actual régimen, las campañas de difamación y descrédito de las universidades públicas, también han antecedido al ataque a sus autoridades y la intención del control de las instituciones.
Como en el pasado, en muchos estados de la república, se han agudizado los conflictos contra las autoridades universitarias buscando el sometimiento o, francamente, la destitución de sus titulares. El secretario General de la ANUIES ha definido como “un patrón de conflicto” en contra de las universidades al acusar de delitos penales a rectores o rectoras que no están sometidos a los gobiernos. Así se enmarcan los conflictos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y mas recientemente, en la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), donde la policía estatal lo detuvo porque casualmente estaba haciendo una revisión y encontraron unas bolsitas que contenían droga que nunca pudieron probar, lo metieron a prisión 24 horas y en ese tiempo, el gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores, activó los mecanismos de presión para reunir consejeros universitarios y nombrar una nueva rectora en una sesión realizada en la madrugada y en un espacio fuera del campus universitario, algo muy parecido a lo que le hicieron al rector Hernández de la Torre en Nayarit hace 48 años.
El golpe de gracia es la restricción presupuestal, también denunciada por la ANUIES, y las medidas laborales draconianas que se han impuesto a muchas universidades públicas, y que han deteriorado, de manera muy fuerte, los salarios de los profesores y trabajadores universitarios y provocado condiciones laborales que nada tienen que ver con la libertad académica y que han ocasionado un serio descontento, sobre todo en el personal académico.
No se esperan tiempos mejores para las universidades públicas estatales. Las restricciones presupuestales, derivadas del manejo del gasto federal, para seguir manteniendo el control político, coloca al gasto en educación superior en tercer plano y, por lo tanto, no prioritario para el actual régimen. Lo único que queda, hasta el momento, es seguir preservando la libertad académica, de docencia y de investigación, garantizando la libertad de expresión de las comunidades. Al menos eso.