Redacción Minuta Legislativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a invalidar una modificación legal aprobada por el Congreso de San Luis Potosí a finales de 2024, al considerar que vulnera principios constitucionales en materia de proporcionalidad de las penas.
El Pleno del máximo tribunal tiene programado para el lunes 19 de enero el análisis del proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González, relativo a la acción de inconstitucionalidad 194/2024, promovida por la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre de 2024. Dicha acción impugna la reforma al artículo 50 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado, publicada el 4 de diciembre de 2024.
La reforma establecía una sanción económica de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y una pena de tres meses a un año de prisión para los servidores públicos que incumplieran las medidas de protección a víctimas y testigos. No obstante, el proyecto sostiene que esta sanción es rígida y carece de rangos mínimos y máximos que permitan a los jueces valorar la gravedad del hecho y el nivel de responsabilidad del infractor, lo que contraviene el artículo 22 de la Constitución.
El proyecto considera fundados los argumentos de la FGR y propone declarar inválida la reforma. Esta resolución se sumaría a una serie de determinaciones desfavorables para el Congreso potosino, entre ellas la anulación de reformas electorales sin consulta pública, cambios al Código Penal en materia de aborto y disposiciones sobre sanciones a las llamadas terapias de conversión.