Redacción Minuta Legislativa
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada federal por el PT, propuso derogar los artículos del 329 al 334 del Código Penal Federal, con el propósito de eliminar el delito de aborto en el ámbito federal. Consideró que la penalización del aborto ha provocado que muchas mujeres recurran a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su vida y que por ello es indispensable enfocar los esfuerzos del Estado en la protección de los derechos a la salud, la información y la seguridad jurídica.
“Lo que buscamos es evitar una persecución penal, derivada del derecho al aborto como derecho humano, y así contribuir en el tema de los embarazos no deseados”, subrayó la legisladora en la exposición de motivos. A través de una iniciativa presentada en la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Justicia, la petista manifestó que con esta reforma se contribuiría a erradicar la maternidad forzada, prevenir afectaciones físicas y psicológicas, y garantizar un acceso seguro, igualitario y digno a los servicios de salud reproductiva.
Manifestó que en México el tema del aborto ha sido históricamente estigmatizado, lo que genera discriminación estructural contra las mujeres, vulnerando sus derechos humanos.
Además, subrayó que el embarazo de adolescentes representa un grave riesgo para la salud física y emocional de las jóvenes, al ser uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, lo que exige políticas públicas enfocadas en la prevención, la educación sexual integral y el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva.
Además, hace referencia a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado la inconstitucionalidad de normas que criminalizan el aborto, estableciendo que ninguna persona gestante puede ser procesada penalmente por esta causa. Señaló que la interrupción del embarazo debe abordarse como un derecho y no como un delito, evitando obstáculos legales que perpetúan desigualdades sociales, económicas y de género.
“El derecho al aborto debe ser una decisión de la persona gestante, y en ese derecho debe prevalecer la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres que tomen la decisión de abortar, ya que su autonomía reproductiva no debe ser una limitante para su desarrollo personal.
“Hay que reconocer que la carga moral y social que orilla a las mujeres a tomar esta decisión aumenta conforme a otros factores como son la pobreza y la falta de oportunidades de educación, laborales y de un entorno que les brinde protección.
Por ello, insistió en que no se debe penalizar el aborto ni limitarles su libertad sexual y reproductiva.