Antonio Hau
La Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social presentó en todos los congresos estatales, incluido Nayarit y en la Cámara de Diputados Federal una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el objetivo de restituir los derechos de los campesinos y frenar la privatización de tierras.
Severiano Ocegueda, integrante de la asamblea, explicó que la reforma busca recuperar el espíritu original del artículo 27, establecido por el Constituyente de 1917, para que la propiedad social vuelva a ser inalienable, imprescriptible e inembargable. Señaló que las modificaciones realizadas en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari favorecieron la venta de ejidos, especialmente en zonas turísticas, generando despojo y pérdida de playas que antes eran propiedad de la nación.
El movimiento también propone reorientar la política agraria mediante la creación de un banco agrícola, una aseguradora nacional y el otorgamiento de créditos accesibles para productores. Además, plantea impulsar la agroecología tradicional mexicana y reducir el impacto de prácticas que han afectado la ecología, como el cambio de uso de suelo y los desarrollos inmobiliarios.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en discusión en comisiones del Congreso, mientras representantes campesinos realizan gestiones en todo el país.