Redacción Minuta Legislativa
El Congreso de Chiapas fijó postura ante el grave problema ambiental provocado por 123 ayuntamientos que, ante vacíos legales, vierten aguas negras directamente a los ríos. Esta práctica ha sido permitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que aplica sanciones simbólicas que suman alrededor de 80 millones de pesos al año, pero que no detienen el daño ambiental.
Luis Avendaño, presidente del Congreso, y Mario Guillén, de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señalaron que es urgente reformar la legislación local en coordinación con el Congreso de la Unión y destinar recursos específicos al saneamiento. Desde la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, ya se trabaja en un proyecto más estricto contra los municipios contaminantes.
El Congreso local espera que la próxima reforma a la Ley Federal de Aguas permita armonizar la legislación estatal con sanciones más severas. Avendaño señaló que muchas plantas de tratamiento fueron abandonadas por los municipios, que no pueden costear su operación, generando un problema crónico.
Los diputados chiapanecos reiteraron que el gobierno estatal no tolerará más estos actos y replantearán el presupuesto para priorizar el saneamiento, detener la contaminación de ríos y proteger los recursos hídricos de la entidad.