Redacción Minuta Legislativa
La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur generó polémica al rechazar, en una sesión privada y con voto secreto, el inicio del juicio de procedencia contra la diputada del PT, Alondra Torres, y el subsecretario Ariel Castro, acusados de abuso de autoridad por autorizar un pago irregular de más de 14 millones de pesos en 2022.
Aunque la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia consideró que existían elementos suficientes para el desafuero, nueve votos en contra, siete a favor y una abstención detuvieron el proceso. La Fiscalía Anticorrupción lamentó la opacidad del Congreso, señalando que ni siquiera se informó con claridad los fundamentos de la decisión, ni se difundió el sentido del voto de cada legislador.
Organismos ciudadanos calificaron este acto como un retroceso en transparencia y un golpe al acceso a la información, destacando que el voto secreto ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
El fiscal Lenin Ortiz advirtió que no podrá solicitarse nuevamente el desafuero, por lo que la única vía para juzgar a los implicados será que terminen sus cargos o se elimine el fuero. Mientras tanto, se teme que la impunidad prevalezca gracias a vacíos legales y decisiones tomadas a puerta cerrada.