Redacción Minuta Legislativa
Donald Trump afirmó que las autoridades interinas de Venezuela enviarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y el reconocimiento de un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez. El mandatario aseguró que el crudo será vendido a precio de mercado y transportado directamente a puertos estadounidenses.
De acuerdo con Trump, los ingresos generados por la venta del petróleo quedarán bajo su control como presidente de Estados Unidos y serán utilizados, según dijo, en beneficio tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde también informó que el secretario de Energía fue instruido para ejecutar el plan de inmediato.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó también que su gobierno planea controlar la comercialización del petróleo venezolano y administrar sus ingresos desde cuentas bajo supervisión estadounidense, con el argumento de impulsar cambios en Venezuela y beneficiar a su población. Reconoció que existe diálogo con Caracas y con petroleras de su país, aunque admitió que no está claro el sustento legal de este plan, que de concretarse representaría una gran transformación económica, mientras las autoridades venezolanas no se han pronunciado.
En paralelo, la Casa Blanca prepara una reunión con directivos de grandes compañías petroleras, entre ellas Exxon, Chevron y ConocoPhillips, para discutir la reactivación de la industria petrolera venezolana bajo un nuevo esquema de control y cooperación con Washington. Funcionarios estadounidenses señalaron que existe interés en aprovechar el potencial energético del país sudamericano tras años de sanciones y caída en la producción.
El anuncio ocurre días después de la operación militar que derivó en la detención de Maduro y dejó decenas de muertos en Caracas y zonas aledañas. Tras esos hechos, Delcy Rodríguez asumió el poder de manera provisional y fue reconocida por Estados Unidos como interlocutora legítima, en un contexto de creciente tensión regional y debate internacional sobre la soberanía y el control de los recursos naturales de Venezuela.