Fiscalía de Veracruz no acredita terrorismo contra periodista detenido

Redacción Minuta Legislativa

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) no logró sostener la acusación por el delito de terrorismo en contra del periodista Rafael “N”, detenido tras una investigación relacionada con la difusión de información vinculada a hechos de violencia en el sur del estado. La imputación fue desechada luego de una audiencia que se prolongó por más de seis horas.

El caso generó atención nacional debido a que la acusación de terrorismo contra un periodista fue considerada por organizaciones civiles y de defensa de la libertad de expresión como un uso desproporcionado del derecho penal, en un contexto marcado por la violencia contra comunicadores y la criminalización del ejercicio periodístico en distintas regiones del país.

Al término de la diligencia judicial, el juez determinó vincular a proceso al comunicador, especializado en nota roja, únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, descartando el cargo de terrorismo promovido por la fiscalía estatal.

Como medida cautelar, se ordenó que Rafael “N” permanezca bajo resguardo domiciliario durante un año, mientras la FGE complementa la investigación. El periodista sostuvo que la acusación respondió a represalias por sus publicaciones sobre hechos delictivos y denunció agresiones y violaciones a sus derechos humanos durante su detención.

Desde el momento de su aprehensión, el caso fue cuestionado por organismos nacionales e internacionales, que exigieron respeto al debido proceso y alertaron sobre el riesgo de sentar un precedente que permita imputar delitos de alto impacto a periodistas por el contenido de su trabajo.

La fiscal general del estado afirmó que la institución continuará el proceso únicamente por los delitos acreditados y aseguró que las investigaciones se realizan con apego a la ley y respeto a la libertad de expresión. No obstante, el caso se suma a una serie de señalamientos sobre el uso del aparato judicial en Veracruz contra comunicadores que documentan violencia y crimen organizado.

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