Redacción Minuta Legislativa
El Congreso del Estado aprobó el Dictamen 51, con el que se realiza una reforma integral al Código Penal de Colima para fortalecer la definición, investigación y castigo del delito de abuso sexual. La propuesta, impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, fue analizada por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como por la de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género.
Las modificaciones buscan corregir vacíos legales que por años limitaron la persecución de este delito, cuyo impacto ha aumentado de manera preocupante, especialmente en perjuicio de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entre los cambios centrales destaca la sustitución del concepto “acto erótico-sexual” por “acto de naturaleza sexual”, una definición más amplia que incluye tocamientos, roces, acciones explícitamente sexuales y cualquier conducta que obligue a la víctima a observar o realizar dichos actos. También se reconoce como abuso forzar a una persona a mostrar su cuerpo sin consentimiento.
La reforma incorpora por primera vez que el consentimiento no puede inferirse por silencio o pasividad, alineándose con estándares internacionales. Además, establece que todas las denuncias deberán investigarse de oficio, sin necesidad de querella, permitiendo iniciar indagatorias mediante reportes de terceros, instituciones o sistemas de emergencia.
Las penas se elevan significativamente: de 3 a 9 años para abuso sexual general, de 4 a 10 años cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, y de 5 a 10 años si es menor de 14 años o no puede resistir. El catálogo de agravantes se amplía de 5 a 11, incorporando casos vinculados a transporte público, ataques grupales, motivos de género, víctimas en estado vulnerable y otras circunstancias que aumentarán la pena hasta un tercio.
Asimismo, la reforma establece por primera vez el acceso obligatorio a atención psicológica especializada para garantizar la recuperación integral de la víctima.