Redacción Minuta Legislativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por mayoría de votos, no restablecer el presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, eliminado por el Congreso en 2020. El monto representaba el 0.014% del gasto programable, al que el Estado debía garantizar recursos adicionales cuando fuera insuficiente.
El ministro Giovanni Azael Figueroa propuso regresar ese piso financiero, argumentando que la falta de una garantía mínima es una medida regresiva que afecta la reparación integral de víctimas. Su postura fue respaldada por cinco integrantes del Pleno, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes aseguraron que el Congreso eliminó la obligación sin justificación, violando el principio de progresividad de derechos.
Sin embargo, ministras y ministros como Lenia Batres, María Estela Ríos e Irving Espinosa votaron en contra, sosteniendo que la eliminación del fondo no implicó reducción de recursos, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha recibido montos mayores desde 2022, incluso superiores al porcentaje eliminado.
Tras un intenso debate, la Corte rechazó tanto el regreso del presupuesto mínimo como una propuesta alterna para establecer un apoyo transitorio mientras el Congreso corregía la norma.