Redacción Minuta Legislativa
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma integral para fortalecer las sanciones contra el delito de despojo y actualizar las agravantes relacionadas. La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue aprobada por unanimidad e incluye ajustes al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado.
Con esta modificación, las penas por despojo aumentan de seis a 11 años de prisión —uno más que antes— además de multas de 200 a mil UMA. Sin embargo, en casos agravados, como cuando la víctima es mayor de 60 años, participan servidores públicos, hay parentesco entre agresor y afectado, se usan documentos falsos o interviene un notario, la pena puede elevarse hasta 22 años de cárcel.
La reforma también establece nuevas medidas para combatir la simulación jurídica. Se presumirá mala fe cuando la posesión de un inmueble derive de actos simulados, títulos inválidos o contratos que no hayan sido inscritos deliberadamente. Asimismo, responsabiliza a notarios que, por negligencia o mala fe, contribuyan a despojos.
Diputados de diversas bancadas coincidieron en que esta actualización atiende una problemática creciente: se registran alrededor de 12 casos diarios en la capital. Además de endurecer sanciones, la reforma busca blindar la legalidad en procesos registrales y frenar prácticas que afectan la dignidad y patrimonio de miles de familias.