Abel Ortiz Prado
Las protestas y bloqueos carreteros que se han registrado en todo el país son más que un episodio de inconformidad rural: representan la crisis estructural del campo mexicano. A pesar de los anuncios oficiales de diálogo, los agricultores han decidido continuar sus manifestaciones hasta que se atiendan de manera genuina sus demandas de rentabilidad y dignidad. Lo que comenzó como una disputa por el precio de garantía del maíz se ha transformado en un reclamo nacional que abarca a todos los granos básicos. “Los productores hemos perdido la esperanza de que el gobierno nos atienda y que respete la dignidad de los productores agrícolas del país”, señaló Baltazar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. La raíz del problema no es únicamente el precio, sino la pérdida sostenida de rentabilidad en la agricultura mexicana. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México ha pasado de producir el 82 % de sus granos básicos en 1994 a apenas el 42 % en la actualidad. Este retroceso ha convertido al país en el segundo mayor importador mundial de granos, después de China, y por tercer año consecutivo será el mayor importador de maíz. La dependencia alimentaria, lejos de revertirse, se ha profundizado. El precio de garantía establecido por el gobierno —$ 6,050.00 pesos por tonelada de maíz— se ubica muy por debajo de los $7,200.00 pesos que los productores demandan para cubrir sus costos. La brecha refleja el deterioro de los márgenes agrícolas, agravado por el aumento proyectado del 21 % en los fertilizantes en 2025, según el Banco Mundial, lo que comprometerá la rentabilidad futura de las cosechas. A pesar de la reducción reciente en los precios internacionales de algunos alimentos, los precios agrícolas globales seguirán siendo 23 % más altos en 2025 y 14 % en 2026 respecto a los niveles previos a la pandemia, una señal de vulnerabilidad para un país que depende de la importación de sus granos básicos. En especial del maíz que es la base de la alimentación del pueblo mexicano.
La OCDE, en su más reciente evaluación del sector, recomienda reformar los programas agrícolas y los subsidios que incentivan prácticas insostenibles —como el uso excesivo de electricidad para bombeo de agua—, y redirigir el gasto hacia investigación, innovación y capacitación agrícola. También advierte que el programa “Sembrando Vida” puede fomentar la deforestación previa para acceder al subsidio, y sugiere incorporar pagos por servicios ambientales para conservar los bosques existentes. Entre 2022 y 2024, el apoyo total a la agricultura mexicana representó apenas el 0.7 % del PIB, frente al 1.2 % promedio entre 2000 y 2022, lo que confirma el retroceso de la inversión productiva en el sector y respalda el reclamo de los productores. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, vuelve a dejar rezagado al campo. Si bien destina recursos importantes a programas emblemáticos como Sembrando Vida $40,664 mdp, Producción para el Bienestar $17,472 mdp, Precios de Garantía $13,000 mdp (cuando se requieren $ 40,000 mdp según Juan Carlos Anaya, director general del GCMA) y Fertilizantes para el Bienestar $18,200 mdp, la mayor parte del gasto sigue concentrada en transferencias directas, con resultados difusos en productividad. El investigador Bruno Cortés resume la paradoja: el campo vuelve a figurar en el presupuesto “más como un asunto de supervivencia política que de transformación productiva”. Los programas sociales, aunque voluminosos, no modernizan la agricultura ni fortalecen las cadenas de valor.
México vive así una crisis silenciosa del campo, donde el desmantelamiento de los programas productivos ha dejado a los agricultores entre el mercado volátil y un Estado ausente. En nombre de la “austeridad republicana”, se ha reducido la inversión en infraestructura, tecnificación, crédito y comercialización, mientras se privilegian transferencias directas de corto plazo. “El resultado es un modelo clientelar de política social, que sustituye el fomento al trabajo por el reparto de subsidios sin horizonte productivo”. El Estado del bienestar rural —entendido como el compromiso de generar capacidades, seguridad alimentaria y desarrollo regional— ha sido reemplazado por un Estado que administra la pobreza, pero no la transforma. La protesta de los agricultores no es solo una demanda presupuestal; es un llamado de auxilio al Estado para recuperar la visión de largo plazo en el campo. Un país que no produce sus alimentos depende, y un gobierno que no escucha al campo, se condena a importar su propio futuro. El costo económico y social de esa dependencia será impagable tarde o temprano. El mensaje de los productores es claro: sin rentabilidad no hay producción, y sin producción no hay soberanía alimentaria.