Redacción Minuta Legislativa
Tras más de cinco años de omisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de Baja California debe legislar de manera obligatoria sobre la revocación de mandato, una figura de participación ciudadana establecida en la reforma constitucional federal de 2019.
La sentencia deriva del amparo 549/2023 promovido por Jesús Conrado Medina, representado por el abogado José Ángel Peñaflor, quien denunció la falta de armonización de la legislación estatal. A pesar de que el plazo venció en junio de 2021, las últimas tres legislaturas no cumplieron con esa obligación.
La resolución fue aprobada por unanimidad por los cuatro ministros de la Segunda Sala de la SCJN: Pérez Dayán, Láynez Potisek, Esquivel Mossa y Batres Guadarrama. Esta es la primera vez que se obliga al Estado mexicano a legislar sobre esta materia, lo que podría impactar en al menos 15 entidades.
El diputado Juan Manuel Molina, de Morena, justificó los retrasos por iniciativas mal planteadas en legislaturas anteriores. Sin embargo, la SCJN dejó claro que el Congreso local está legalmente obligado a garantizar este derecho ciudadano y establecer los mecanismos para su aplicación en Baja California.