Redacción Minuta Legislativa
Tras el fallecimiento de una pasajera ocurrido el pasado jueves 17 de julio en el cruce de Calzada de los Arcos con Boulevard Bernardo Quintana, colectivos ciclistas alzaron la voz para exigir al Congreso del Estado de Querétaro la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual fue publicada hace más de tres años sin que haya sido adaptada a la legislación estatal.
El reclamo se sumó a una acción legal presentada un día antes, el miércoles 16 de julio, cuando las organizaciones interpusieron un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, acusando una omisión legislativa por parte del Congreso y el Poder Ejecutivo estatal. Juan Carlos Bravo, integrante del colectivo QM21 y promotor de la demanda, explicó que el plazo legal para emitir dicha ley venció en noviembre de 2022, por lo que ya existe un incumplimiento constitucional.
De acuerdo con activistas y especialistas, Querétaro es una de las 11 entidades en desacato por no armonizar su normatividad conforme al segundo transitorio de la Ley General, que otorgaba un plazo de 180 días desde el 17 de mayo de 2022. A pesar de ello, la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, presidida por el diputado Enrique Correa Sada, ha desestimado la necesidad de esta ley, calificándola como “innecesaria”.
A través del amparo, los colectivos solicitaron al Poder Judicial que reconozca la omisión legislativa, ordene la emisión de la ley estatal en un plazo razonable y obligue al Ejecutivo local a presentar su propia iniciativa. Además, pidieron establecer mecanismos como un Sistema Estatal de Movilidad, observatorios ciudadanos y normas técnicas para infraestructura vial más segura. Destacaron que cada día de retraso representa un riesgo de muerte evitable, y que ciudades como Nueva York y Bogotá son ejemplo de cómo una legislación adecuada puede salvar vidas.