Redacción Minuta Legislativa
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca combatir de manera más eficaz el delito de extorsión, proponiendo que se considere como delito de alto impacto a nivel nacional.
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir, en un plazo de 180 días, una ley general que unifique la tipificación del delito y sus sanciones. Actualmente, las penas por extorsión varían ampliamente entre entidades: desde uno hasta 30 años de prisión, y multas que oscilan entre los 36 mil y 691 mil pesos, dependiendo del estado.
El documento advierte que la extorsión ha sido una herramienta clave para la delincuencia organizada, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a la economía y la estabilidad social, al imponer condiciones mediante amenazas a comerciantes, empresas y hasta servidores públicos.
Según la exposición de motivos, la tasa de extorsiones diarias aumentó de 18.89 en 2018 a 29.77 en enero de 2025, un incremento del 57.6%. Solo el Estado de México concentró el 33.1% de las víctimas en enero.
La iniciativa pretende dotar a las autoridades de un marco legal sólido y uniforme que refuerce la coordinación entre los tres niveles de gobierno.