El pleno del Congreso de Guerrero aprobó, por unanimidad, un exhorto para que dependencias de los gobiernos, federal, estatal y municipal, implementen acciones de prevención, erradicación y sanción de la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o usos domésticos.
Las diputadas y diputados condenaron los hechos ocurridos en la comunidad de Dos Ríos, del municipio de Cochoapa El Grande, donde Concepción, mujer de origen indígena, perdió a sus trillizos, presuntamente por haber sido golpeada por un policía comunitario, cuando exigía la libertad de su hija Angélica de 15 años de edad que había sido encarcelada por no permitir ser violada por su suegro.
El punto de acuerdo, suscrito por las y los integrantes de la Conferencia Para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, expone que el matrimonio forzado con niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos, mientras que la venta de mujeres y niñas configura el delito de trata de personas.
Al respecto, la diputada Leticia Mosso Hernández, señaló que con el pretexto de que se respetan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, se hace caso omiso del mandato constitucional que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“Prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, pero el estado y sus autoridades no podemos ni debemos permitir que se continúe con este tipo de violencia en contra de niñas, niños y mujeres indígenas”, aseveró.
Sobre este tema, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, anunció que solicitará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU-Mujeres, para erradicar la venta de niñas con fines matrimoniales en los municipios indígenas, principalmente, de la zona de La Montaña.