Redacción Minuta Legislativa
A pesar de que durante casi tres décadas distintos partidos políticos han impulsado iniciativas para atender el desplazamiento forzado interno en México, el Congreso de la Unión aún no concreta una legislación que proteja a las personas obligadas a abandonar sus hogares por violencia, inseguridad, conflictos sociales o desastres naturales.
En 2020, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; sin embargo, el Senado nunca dictaminó la minuta y finalmente el proyecto fue declarado concluido en 2024, por lo que cualquier discusión deberá comenzar nuevamente desde cero.
La problemática volvió a evidenciarse recientemente tras el desplazamiento de familias en Chilapa, provocado por la violencia entre grupos criminales en la región.
Diversas iniciativas sobre el tema han sido promovidas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y otros partidos, coincidiendo en la necesidad de crear mecanismos de atención y protección.
Los proyectos legislativos reconocen que el crecimiento del crimen organizado, extorsiones, amenazas y desapariciones han convertido al desplazamiento forzado en una crisis humanitaria creciente en distintas zonas del país.