Redacción Minuta Legislativa
La elección judicial prevista para 2027 enfrenta serias complicaciones que ponen en duda su viabilidad. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López Vences, advirtió que el proceso podría resultar financieramente inviable y propuso formalmente aplazarlo hasta 2028 para evitar un posible colapso logístico.
López Vences subrayó que la experiencia acumulada desde 2014 demostró que la concurrencia de elecciones incrementa la complejidad técnica, al obligar a coordinar procesos distintos de manera simultánea, elevando los riesgos de fallas operativas.
De esta forma, el debate llegó al Senado de la República, donde legisladores reconocieron la necesidad de realizar ajustes para garantizar la calidad de los perfiles que participarán en la eventual elección judicial. Entre las propuestas destaca la implementación de certificaciones obligatorias de competencias para aspirantes.
El senador Javier Corral Jurado también alertó sobre irregularidades detectadas en etapas previas del proceso, incluyendo prácticas como el uso de “acordeones” durante evaluaciones, lo que causó cuestionamientos sobre la preparación de los candidatos y la legitimidad del mecanismo.
La propuesta de aplazar la elección no solo responde a limitaciones presupuestarias, sino también a la necesidad de fortalecer las condiciones técnicas e institucionales de un proceso que busca transformar el sistema de justicia en México.