BCS cuenta ya con una Ley para la Atención de Personas con Trastorno del Espectro Autista

German Medrano
 
Luego de agotar el proceso con las etapas informativas, deliberativas y consultivas referidas por la Suprema Corte de la Nación, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad, en lo general la Ley para la Atención de Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Baja California Sur en lo general como en lo particular. La legislación abroga la anterior ley y ahora, garantiza la protección y ejercicio pleno de los derechos humanos del sector, bajo un enfoque de inclusión, accesibilidad, igualdad sustantiva y no discriminación. 
 
Contempla también los principios rectores como la dignidad humana, progresividad, accesibilidad, interés superior de la niñez, ciclo de vida y participación. Consta de  13 capítulos con importantes referentes a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas Autistas, el Padrón Estatal de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, Educación, Salud, Equipos Multidisciplinarios de Atención, Trabajo y Previsión social, entre otros. 
 
Una parte sustancial de la nueva Ley, fueron las propuestas de participantes en las consultas municipales particularmente las referentes a la coordinación interinstitucional, salud, educación inclusiva, atención médica para la detección temprana, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, la sensibilización de la comunidad, entre otros.
 
Por su parte la diputada Lourdes Cornejo presentó también reservas al artículo XII transitorio, las cuales fueron aprobadas para establecer que “Los municipios de BCS en el ámbito de sus atribuciones realizarán las acciones necesarias para implementar un programa permanente conforme a sus necesidades y suficiencia presupuestaria para llevar a cabo acciones de apoyo pedagógico para la inclusión educativa a las personas que se señalan en la presente ley el cual coincidirá con el ciclo escolar al que corresponda con plena coordinación de las autoridades competentes debiendo establecer conforme a su autonomía y atribuciones las reglas de operación de dicho programa para garantizar el perfil del personal que se ha contratado y el correcto funcionamiento del mismo respetando los principios de la ley”.