Abel Ortiz Prado
Las instituciones públicas enfrentan hoy desafíos cada vez más complejos. Burocracias con estructuras administrativas densas, grandes volúmenes de información que superan la capacidad humana de procesamiento, y una presión permanente por lograr mejores resultados con recursos limitados caracterizan el entorno en el que operan los gobiernos contemporáneos. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado recientemente que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la gestión pública. La discusión relevante ya no es si los gobiernos deben utilizar estas tecnologías, sino cómo integrarlas de manera estratégica para fortalecer la capacidad institucional del Estado para resolver las demandas de la ciudadanía.
Desde la perspectiva de la administración pública, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar tres funciones esenciales del gobierno. En primer lugar, puede mejorar la gestión administrativa mediante la automatización de procesos, el análisis de expedientes y la optimización de trámites, reduciendo tiempos y costos operativos que llegan a ser muy representativos en los presupuestos. En segundo lugar, permite fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, al procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de pobreza, detectar fraude fiscal o evaluar el impacto de programas sociales en el marco del ejercicio del presupuesto basado en resultados. Finalmente, en el ámbito de la planeación territorial y la infraestructura, estas herramientas pueden apoyar decisiones más informadas sobre movilidad urbana, consumo energético o mantenimiento de servicios públicos, propiciando una gestión más proactiva que reactiva.
Sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial en el sector público también plantea importantes desafíos institucionales. La gobernanza de los datos, la transparencia en el uso de algoritmos y la protección de los derechos ciudadanos se convierten en elementos centrales para evitar decisiones opacas o sesgadas. En este sentido, la inteligencia artificial no sustituye al Estado, pero sí redefine su capacidad para gobernar sociedades cada vez más complejas. El verdadero desafío para los gobiernos será construir lo que podría denominarse un “Estado inteligente”: uno capaz de utilizar datos, tecnología y analítica avanzada para mejorar la eficiencia del gasto público y la calidad de las políticas públicas. “La inteligencia artificial tiene potencial para transformar los servicios públicos y fortalecer el desarrollo social. Pero la verdadera pregunta no es si debemos usarla, sino cómo hacerlo con responsabilidad, criterio, y enfoque institucional.”